Agmer analizará si plantea acciones jurídicas contra el gobierno
El pleno de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) analizará mañana si plantea acciones de inconstitucionalidad contra el gobierno, promueve medidas cautelares o amplia la denuncia que ya realizó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), informó a AIM el abogado del gremio, Héctor Fischbach, quien aclaró que la decisión se tomó hoy, luego que la dirección de Trabajo provincial (DTP) dictara la conciliación obligatoria, ante el anuncio de huelga previsto para lunes y martes. El miércoles habrá un congreso en Bovril.
En conferencia de prensa que se realizó esta tarde en la sede del gremio, a la que asistió AIM, la comisión directiva de Agmer aseguró que no dará marcha atrás con las medidas previstas y adelantó que el pleno de secretarios generales que se efectuará este sábado en Paraná, analizará si plantea acciones jurídicas contra el gobierno.

El secretario general de Agmer, César Baudino, recordó que la promesa del gobierno de convocar otra vez a los gremios dentro de 30 o 35 días para ofrecer recomposición salarial “no nos satisface, porque el sindicato ya tenía una resolución del congreso que realizamos en Villaguay el 5 de julio, en el que pusimos un tiempo para que se realice una nueva oferta, ya que desde febrero a esta parte el incremento realizado en dos tramos (uno en marzo y otro en julio), fue insuficiente”. “Esta conferencia de prensa tiene por objeto ratificar en todos sus términos la decisión del congreso del 5 de julio, con huelga de 48 horas el lunes y martes y movilización provincial a Casa de Gobierno el 26, alrededor de mediodía”.

Para Baudino, “los gobernantes han elegido el camino de la confrontación, y nos han empujado a las medidas de acción directa”.

Sobre los 180 días de clase establecidos en el acuerdo firmado entre la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el gobierno central y las provincias, Baudino indicó que “los chicos de Paraná han ido a clase en promedio 55 días en el primer trimestre. Multiplicado por tres, sin huelgas, estamos hablando de 165 días”.

Además recordó que “este año hubo concursos que duraron cinco días, hubo cinco días sin agua en las escuelas de Paraná. Y hubo un 24 de mayo turístico previo al Bicentenario, y otras decisiones que han llevado a que 12 o 13 días no ha habido clases. ¿Cuál es la sanción para el gobierno, en todo caso?”.

Conciliación obligatoria
Sobre la conciliación obligatoria que dictó hoy la dirección de Trabajo provincial, Fischbach reconoció que el secretario general de Agmer “fundamentó la decisión política de la entidad, que se basa en un análisis previo de la ilegitimidad de la resolución de la DTP. No hay forma de interpretar que una de las partes pueda ser juez y parte en un conflicto”.

El letrado recordó a AIM que en Entre Ríos existe la ley 9624 (de paritarias), que regula de qué manera debe dictarse la conciliación obligatoria. “Es a través de un juzgado laboral”, aclaró y destacó que “desde 2005, la patronal cuenta con mecanismos para disponer de esta herramienta que se da en el marco de una negociación que pudo articular, ya que el artículo 21 de la ley de Presupuesto lo habilita si hay mayores ingresos para mejorar los salarios. El gobierno pudo haber convocado a paritarias y hacer una oferta; el gremio esperó, declaró insuficiente la propuesta de principios de año, aguardó un tiempo más que suficiente y habida cuenta del deterioro salarial, dispuso una medida de acción directa como lo es el paro previsto para lunes y martes”.

Fischbach recordó que previo al anuncio de huelga, Agmer intimó a la patronal para que formulara una propuesta, pero “ésta no lo hizo y contestó con una resolución que es la 401 de la DTP, donde dictó la conciliación obligatoria entre el Consejo General de Educación (CGE), del cual el funcionario (Oscar Balla) es parte, y la Agmer. Esta decisión no tiene basamento legal en Entre Ríos y no existió nunca. Desde 1982, fecha en que estamos en el gremio, nunca tuvimos un antecedente en el cual hayamos tenido esta circunstancia, excepto en 2005, cuando el mismo funcionario con la resolución 426 dictó una medida igual. Hubo recursos y un juicio que no terminó porque se entabló una negociación colectiva con el gobierno y se retrotrajeron las cuestiones jurídicas al momento anterior”.

El abogado admitió que le preocupa la cuestión desde el punto de vista legal, y advirtió que “como estudio jurídico, emitimos un dictamen basándonos en la existencia de un cambio legal a partir de la ley 9624, que regula el modo de conciliar al sector docente, a través del juzgado de Trabajo. Es una novedad en Argentina que se requiera a otro poder que intervenga en un conflicto donde están los trabajadores dependientes del Poder Ejecutivo, en este caso del CGE. Estamos convencidos que se vulneró la ley vigente y que se vulnera el derecho de huelga, porque en forma arbitraria se interviene en un conflicto sin tener facultades para hacerlo. Por eso pensamos que podemos articular acciones jurídicas ya que se violenta la ley 23.551, que resguarda la actividad de los sindicatos; el articulo 14 Bis de la Constitución, que otorga el derecho a huelga, y los pactos internacionales, a los cuales el gobierno adhirió”.

Por eso adelantó que posiblemente se amplíe la denuncia contra el gobierno de Entre Ríos ante la OIT, ya que “violó en forma reiterada la libertad sindical. Este tramite se habilitó desde Ginebra (sede de la OIT), donde nos dieron un plazo de 180 días para que ampliemos, o, si tenemos nuevos hechos, los agreguemos”.

Además, Fischbach aseguró con la medida de acción dispuesta para lunes y martes, “de ninguna manera se vulnera el acuerdo firmado con el gobierno para garantizar los 180 días de clase, porque en la ley que rige la paritaria nacional se prioriza el derecho de huelga de los trabajadores. La lectura que se debe hacer de esa paritaria se combina con la ley marco, por la cual se permite que se haya firmado esa acta”.

También criticó al titular de Trabajo provincial, quien en la resolución expresó que se dictó la conciliación obligatoria a fin de mantener la paz social. “Nos preocupa que este argumento, que usaban los gobiernos de facto para que los ciudadanos no ejerciéramos nuestros derechos, esté incorporado en los fundamentos y en la parte dispositiva, donde se establece que la finalidad de la medida es mantener la paz social. Entendemos que es una afrenta, una injuria al sector de los trabajadores docentes, y recomendamos que se requiera al funcionario que ratifique o rectifique, ya que su postura es inadmisible en un estado democrático. Aquí queda claro que la libertad sindical se violó en forma reiterada”.

Más datos
Baudino confirmó que recibieron la adhesión a la huelga de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “El conflicto ya excede a los docentes, ya que si bien es nuestro sector el que encabeza la pelea, tiene que ver con todos los trabajadores de Entre Ríos”.

El sindicalista adelantó que el martes habrá asambleas en las escuelas, para evaluar la situación, y el miércoles “volveremos a reunirnos en un congreso que se realizará en Bovril, para definir cómo continúa el plan de lucha”.
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Fuente: AIM Digital